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Con el objetivo de sanear las cuentas del sistema de la Seguridad Social, cada año aumenta un poco la edad ordinaria de jubilación. No obstante, la realidad parece no verse afectada por esta progresiva medida.

Actualmente, la edad ordinaria de jubilación se encuentra en los 65 años y 10 meses. Paradójicamente, solo una tercera parte de los que se jubilan se corresponden con esa edad. De hecho, dos de cada tres se jubilan por debajo de esa edad, siendo significativo que la gran mayoría ni han cumplido los 65, por lo tanto es obvio que tienden a jubilarse antes de tiempo.

Jubilación anticipada

El sistema permite también jubilarse con 65 años cumplidos si se tienen 37 años o más cotizados. Otra opción es la jubilación anticipada, jubilándose antes de los 65 y siempre que se tengan al menos 63 años y 35 cotizados.

Como hemos comentado, la realidad es otra. Aproximadamente el 40% de quienes se retiran en España lo hacen acogiéndose a la jubilación anticipada. De los restantes, prácticamente la mitad se jubilan cuando tienen 37 años cotizados lo que provoca que se jubilen con 65 años sin esperar a la edad ordinaria fijada por la normativa.

Prejubilados y con pensiones más altas

Mientras que las medidas se dirigen a alargar la edad de jubilación ordinaria, y por tanto, alargar la vida profesional de los trabajadores, la realidad es que las personas trabajadoras tienden a jubilarse antes de tiempo y con derecho a pensiones más altas. De media casi 500€ superiores a los que se retiran a la edad legal.

Es decir, quienes se jubilan conforme lo esperado por el sistema, eso es la edad ordinaria de jubilación que corresponda, cobran estadísticamente una pensión inferior. Y aquellos que se saltan la edad ordinaria y finalizan su vida laboral antes de tiempo, acaban obteniendo pensiones más favorables.

Esta situación se explica porque, según los expertos, aquellos que se prejubilan cuentan con cotizaciones más elevadas y por tanto, les sale a cuenta retirarse anticipadamente. La otra cara de la moneda, la de aquellos que se jubilan conforme la edad ordinaria, suelen tener cotizaciones más modestas y aspiran a cotizar más tiempo para no penalizar su pensión en exceso.

El coste de jubilarse antes de tiempo

El marco jurídico actual penaliza a aquellos que se jubilan antes de la edad ordinaria. Se establece una penalización del 8% por cada año que se anticipe a la edad ordinaria. Imaginemos que un trabajador tiene cotizados 35 años y se quiere jubilarse antes de tiempo, a los 63 en lugar de los ordinarios 65. La pensión a la que tendría derecho sería un 16% inferior a la que tendría por finalizar su vida laboral en la edad ordinaria. 8% por cada año, un total de 16% por dos años de anticipo.

Es evidente, atendiendo a los datos estadísticos, que este sistema de penalizaciones no tiene efectos en la realidad del mercado laboral. Incluso teniendo presente la radiografía del mercado laboral español, que tiende a acortar las vidas laborales y recorta plantillas laborales en trabajadores de más edad.

Seguridad Social: menos cotizantes más perceptores

Por tanto, parece que a más prejubilaciones peor escenario se plantea para las finanzas de la Seguridad Social. El cálculo es simple: un prejubilado supone un perceptor más y un cotizante menos. Sin olvidar que los que se prejubilan suelen causar pensiones más altas.

El sistema actual, parece ser, se inclina hacia penalizar más esta merma por año anticipado. El 8% parece ser poco. Al menos en palabras del Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que lleva un tiempo anunciando que endurecerá las penalizaciones de las prejubilaciones. Actualmente las cuentas de la Seguridad Social se enfrentan a una clara tendencia: menos cotizantes y más perceptores, con la gravedad de que las pensiones de prejubilaciones suelen ser de mayor cuantía.

Una tendencia que parece no beneficiar a la economía ni al tejido productivo

Actualmente, las jubilaciones anticipadas son más beneficiosas. Pese a la penalización del 8% anual, la casuística de las cotizaciones de los solicitantes hace que les sea beneficioso. Pero esto tiene consecuencias. La economía se ve perjudicada, las cuentas de la Seguridad Social también y el tejido productivo español prescinde antes de tiempo de profesionales con gran experiencia.

Anunciar mayores penalizaciones tampoco es la solución mágica. El problema es estructural y como tal debe ser tratado. Por ejemplo, si se prevé endurecer la penalización debe hacerse bien. Entre el anuncio y la efectividad de la medida no puede mediar mucho tiempo, pues se produciría un posible efecto llamada que podría llegar a dejar sin efecto la medida. De nada sirve intentar cambiar una tendencia si lo que conseguimos es precisamente lo opuesto, pero en una escala mayor en un periodo corto de tiempo.

El reto de la reforma

Como hemos comentado el problema es estructural. Al final las prejubilaciones y la poca efectividad de las penalizaciones por prejubilación no son más que una consecuencia de la causa. ¿Qué causa? Todo apunta a que nuestro mercado de trabajo es mejorable. El empleo es insuficiente, de poca calidad e inestable. Además, el empleo que desempeña un junior lo puede hacer un senior. Y viceversa. Todo apunta a la productividad no ha avanzado entre generaciones.

Otros países

En otros países la realidad es diferente. Un senior sabe hacer cosas que un junior no. Y al revés. Los junior tienen nichos de empleo propios, y en general, cada franja de edad tiene su propio terreno. Todo en conjunto se alimenta y genera un mercado laboral dinámico y que se complementa a sí mismo.

Nuestro sistema está diseñado para ser constante. No prevé crisis, no prevé dificultades, no prevé estancamiento. En definitiva, no prevé los problemas que tiene el mercado laboral.

Entonces ¿debemos adaptar el mercado laboral a la normativa de pensiones? O lo contrario ¿adaptamos la normativa al mercado laboral?

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