En fecha 13 de marzo de 2023, se publicó la nueva Ley 2/2023, de 20 de febrero, de Protección del Informante. La normativa traspone la Directiva europea 2019/1937, conocida como Directiva Whistleblowing, sobre el nuevo canal de denuncias, de protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
La Ley 2/2023 pretende facilitar la comunicación y detección de posibles irregularidades cometidas en el seno de una empresa. Su objetivo es promover la comunicación de dichas conductas de manera segura y confidencial.
No obstante, la principal novedad de la ley es que introduce la obligación de las empresas de más de 50 trabajadores de implantar un canal de denuncias interno, que deberá cumplir con una serie de condiciones.
En qué consiste el canal de denuncias: concepto y características
Un canal de denuncias se configura como una herramienta útil que permite comunicar de forma rápida y eficaz posibles prácticas y actuaciones ilícitas o irregulares. En todo caso, debe garantizar la privacidad y la protección de los denominados “whistleblowers” – quienes dan la alerta.
Así pues, mediante el canal de denuncias, tanto trabajadores como personas externas vinculadas a la empresa, pueden poner en conocimiento del correspondiente órgano conductas susceptibles de ser contrarias a la ley o a la normativa interna de la empresa.
Dicha comunicación puede llevarse a cabo a través de un sistema interno o externo. Es decir, la posible infracción puede comunicarse al responsable interno de la empresa, o bien comunicarse directamente ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I).
Por otro lado, la nueva ley prevé la posibilidad de comunicar dichas informaciones de forma anónima, de modo que se garantice al informante una protección y seguridad adecuadas.
De este modo, la confidencialidad de la identidad del informante y de la información transmitida es un aspecto clave que debe respetarse en la gestión del sistema interno.
Implicaciones para las empresas
De acuerdo con la nueva normativa, las empresas disponen de un plazo de entre tres y nueves meses para implantar un canal interno de denuncias. El plazo variará en función del tipo de entidad de que se trate o del número de trabajadores que tenga la empresa.
En el caso de las empresas con más de 50 trabajadores, deberán adoptar el canal de denuncias antes del 1 de diciembre de 2023, siendo sancionadas si incumplen con dicha obligación.
La incorporación de la nueva normativa supone la asunción por parte de las empresas de nuevas cargas y obligaciones.
Para empezar, las empresas sujetas a la nueva regulación deben designar a un responsable que será el encargado de gestionar las denuncias. La persona designada gozará de plena autonomía e independencia en el ejercicio de su cargo.
Además, el responsable llevará a cabo funciones de formación y coordinación de los trabajadores. Por este motivo, es fundamental que los trabajadores conozcan que existe un canal de denuncias y que pueden acceder a él de forma libre.
En segundo lugar, es imprescindible que la empresa regule y limite el acceso a los datos de las personas afectadas, debiendo conservarse los mismos en un período de tiempo determinado. En este sentido, cobra especial importancia la protección de los datos que facilite el informante.
Posibles represalias
Por otro lado, se establece un régimen sancionador ejercido por la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I). Dicho organismo público ejerce funciones administrativas, consultivas y sancionadoras.
Funcionamiento y organización de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I).
De esta manera, las empresas que incumplan la obligación de implantar un canal de denuncias pueden enfrentarse a sanciones de entre 1.000 a 1.000.000 de euros en función de la gravedad de la infracción.
Sin embargo, las empresas de más de 50 trabajadores son las que se enfrentan a mayores retos tras la introducción de la nueva ley. Así pues, deben asumir una serie de costes y cargas que tienen una mayor repercusión en su estructura financiera.
Por ejemplo, es probable que las pequeñas empresas deban asumir un gasto mayor para implementar el canal de denuncias, mediante la contratación de un servicio externo.
En definitiva, la nueva ley en materia de protección del informante inicia una cuenta atrás en la que las empresas deberán adoptar nuevas medidas técnicas y organizativas. Todo ello con el objetivo de luchar contra conductas irregulares o ilícitas en el contexto laboral o empresarial.
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